El 5 de febrero de 2018, el hijo del líder comunitario mexicano asesinado Mariano
Abarca y sus colaboradores presentaron un escrito ante al Comisionado de Integridad
del Sector Público de Canadá (PSIC), solicitando que se abriera una investigación a
la Embajada de Canadá en México sobre su apoyo a las operaciones de la compañía
minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas. El escrito sostiene que los actos
y omisiones de la Embajada de Canadá pueden haber contribuido a poner en peligro
la vida de Mariano Abarca. Asimismo, la Embajada podría no haber seguido las
directrices establecidas respecto a las denuncias por corrupción. Hasta donde
sabemos, se trata de la primera vez en la que se presenta una queja ante el
Comisionado por el hecho de no seguir las directrices establecidas en esta materia
por parte de la Embajada.

El 17 de abril de 2018, los reclamantes recibieron el anuncio de que el Comisionado
se negaba a investigar la queja. Como respuesta, presentaron un recurso ante el
Tribunal Federal de Canadá en fecha 16 de mayo de 2018. Argumentan que la
decisión del Comisionado se basa en una interpretación restrictiva de su mandato, en
la cual se establece la conclusión, errónea y mal argumentada, de que no existían
directrices a seguir por la Embajada más allá de hacer lobby a favor de Blackfire.
Asimismo, debería haberse tenido en consideración si las acciones y omisiones de la
Embajada de Canadá ponían en peligro la vida de Abarca.

En su Memorándum de Hecho y Ley al Tribunal Federal en diciembre, la oficina del
Fiscal General reitera la afirmación del Comisionado de que los documentos del
gobierno y las declaraciones pública

Se ha programado una audiencia pública en el Tribunal Federal de Canadá para el
25 de marzo de 2019 a las 9:30 am. Los reclamantes esperan aclarar si es cierto que
las embajadas canadienses no tienen otra obligación que promover los intereses de
las compañías mineras canadienses sin importar las repercusiones sobre las
personas en México y en otras partes del mundo. También esperan que el tribunal
ordene al PSIC que investigue los actos y omisiones de la Embajada de Canadá en
México, al considerar que contribuyeron incrementar el peligro sobre Mariano Abarca
antes de su asesinato.

Resumen
Mariano Abarca era un miembro muy respetado de la comunidad que denunció y
lideró las protestas contra los impactos sociales y ambientales de la mina de barita
explotada por Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Los empleados de la mina lo
golpearon, lo detuvieron a petición de la compañía, lo amenazaron y finalmente lo
asesinaron el 27 de noviembre de 2009. Tres personas relacionadas con Blackfire
fueron detenidas y acusadas inmediatamente después de su asesinato, quedando
todas ellas fabsueltas y puestas en libertad posteriormente. La investigación sigue
abierta.
Hasta que se disolvió en agosto de 2017, Blackfire Exploration era una empresa
privada con sede en Calgary que operaba la mina de barita Payback en Chicomuselo,
Chiapa. Su actividad se desarrolló desde fines de 2007 hasta poco después del
asesinato de Mariano Abarca, cuando la autoridad ambiental de Chiapas cerró la
mina. En diciembre de 2009, el Globe and Mail informó que la compañía había estado
haciendo pagos, desde marzo de 2008 hasta mayo de 2009, a la cuenta bancaria
personal del presidente municipal local «para mantener la paz y evitar que los
miembros locales de la comunidad tomen las armas contra mí». Esto llevó a una
investigación de RCMP que se cerró en 2015 sin que se presentaran cargos.
Desde este momento, sobre la base de la información divulgada a raíz de la solicitud
de Acceso a la Información, ha salido a la luz que la Embajada de Canadá en México
abogó activamente en nombre de Blackfire ante las autoridades federales y estatales
de Chiapas desde antes de que la mina de Blackfire entrara en operación hasta meses
después de la muerte de Abarca. La naturaleza de esta relación se describe con más
detalle a continuación en el apartado sobre las principales reclamaciones obrantes en
el documento presentado.
Firmantes de la Solicitud
La esposa e hijos de Mariano Abarca han realizado la solicitud de revisión judicial
junto con la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Chiapas, la Red Mexicana de Pueblos Afectados por la Minería (REMA) y
MiningWatch Canada.
The Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) con base en el Osgoode Hall
Law School and Thompson Rivers Law School ejerce la asesoría legal para los
reclamantes. Yavar Hameed, abogado de derechos humanos con sede en Ottawa,
llevará a cabo la revisión judicial en nombre de JCAP.
Principales reclamaciones en la sumisión a la PSIC
La solicitud alega que la Embajada de Canadá en México debe ser investigada bajo
la Sección 8 de la Ley de Protección de Divulgación de los Servidores Públicos:
I. Por haber creado «un peligro sustancial y específico para la vida, la salud o la
seguridad» de Mariano Abarca y otros residentes locales afectados por la mina de
Blackfire:
A. La Embajada no siguió la estrategia de 2009 titulada Construyendo la
ventaja canadiense: Una estrategia de responsabilidad social corporativa
(RSC) para el sector extractivo internacional canadiense, en la cual se recoge
la evaluación de los posibles impactos en los derechos humanos
● La Embajada de Canadá en México obtuvo información relevante sobre el
conflicto generado por las operaciones de Blackfire en Chicomuselo desde
finales de 2007 como resultado de su contacto con Blackfire. Los medios
locales realizaron un seguimiento e informaron sobre las crecientes protestas
y otras informaciones en relación a la oposición local a mína.
● La Embajada escuchó, en palabras del propio Abarca, en julio de 2009, que
Blackfire estaba utilizando a sus empleados para amedrentar a miembros de
la comunidad que se oponían a la mina. Semanas más tarde, cuando Abarca
fue detenido por orden de Blackfire, la Embajada recibió 1.400 correos
electrónicos mostrando preocupación por su seguridad.
● No obstante, la Embajada no investigó ni evaluó el riesgo de violencia, ni
cuestionó si la empresa lo había hecho.
B. La Embajada no siguió las directrices de identificación y apoyo a los
defensores de los derechos humanos:
● A pesar de las informaciones obrantes en la Embajada sobre la oposición de
la comunidad a las operaciones de Blackfire, no hizo ningún esfuerzo por
contactar con la comunidad afectada.
● Además, cuando Abarca fue detenido en agosto de 2009, la Embajada sabía
que Blackfire había presentado acusaciones contra él, pero no analizó si la
compañía tenía fundamentos para llevar a cabo estas acciones ni el peligro
que las mismas podían representar para Abarca. El Sr. Abarca fue liberado tras
ocho días de detención por falta de pruebas.
● La Embajada también abogó contra la comunidad e instó al gobierno estatal a
lidiar con las protestas para proteger a Blackfire. En una reunión de octubre de
2009 con el Secretario General del Estado de Chiapas, la Embajada instó a las
autoridades estatales a resolver los problemas de Blackfire, mencionando
específicamente las protestas de la comunidad. No hay evidencia de que la
Embajada expresara su preocupación por el peligro en el que se encontraban
Abarca u otros implicados.
● Las gestiones llevadas a cabo ante el gobierno de Chiapas, en nombre de
Blackfire, contrastan fuertemente con la posición de la Embajada sobre el
asesinato de Abarca. La Embajada se distanció de cualquier participación
después de su asesinato, aconsejando a un funcionario canadiense que
negara que Canadá tuviera conocimiento previo de la violencia potencial que
pudiera producirse contra Abarca.
● A la luz de los peligros públicamente conocidos que existen en México para los
defensores de derechos humanos, la decisión de la Embajada de ignorar las
implicaciones de sus acciones en esta materia merece una investigación
C. La Embajada ni «desempeñó un papel constructivo y provechoso» ni «facilitó
un diálogo abierto e informado entre todas las partes» como afirmaba
públicamente.
● La Embajada de Canadá mantuvo una relación muy estrecha de apoyo con
Blackfire Exploration desde 2007 hasta 2010
● El acceso a la información divulgada evidencia que hubo más de 30 contactos
entre Blackfire y la Embajada entre 2007 y 2010, así como múltiples
intervenciones con las autoridades mexicanas en nombre de Blackfire.
● Inmediatamente después del asesinato del Sr. Abarca, la Embajada de Canadá
y los funcionarios del gobierno canadiense se abstuvieron de pedir una
investigación exhaustiva e imparcial, tratando de distanciar a la Embajada de
los procedimientos.
● Dos meses después, la Embajada proporcionó información a Blackfire sobre
cómo demandar al estado de Chiapas bajo el paraguas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
● En vez de desempeñar un papel útil o facilitar el diálogo, la Embajada buscó
asegurar que los funcionarios mexicanos intervinieran para resolver los
problemas de Blackfire, lo que podría haberse interpretado como instrucciones
codificadas destinadas a lograr que el problema se resolviera.
● Si bien no se ha investigado a nadie del gobierno de Chiapas por el asesinato
de Abarca, se ha denunciado su participación. La familia continúa presionando
al fiscal para que no abandone el caso.
La solicitud sostiene que la defensa de la Embajada en nombre de Blackfire, y su
actitud en contra las protestas de la comunidad, constituyó «un peligro específico»
para la vida y la seguridad del Sr. Abarca. El hecho de que el gobierno canadiense no
haya planteado su preocupación por los derechos humanos a Blackfire ni al gobierno
de Chiapas constituyó una omisión que provocó «un peligro específico» para la vida y
la seguridad del Sr. Abarca, motivo por el cual debe investigarse a la Embajada.
Pudiera ser que el Comisionado determinara que no hubo una violación del código de
conducta debido a que la Embajada de Canadá recibió instrucciones específicas para
actuar como lo hizo- abogar por Blackfire, ignorar las preocupaciones sobre los
defensores de los derechos humanos, no involucrarse con las comunidades cercanas
a la mina, no fomentar el diálogo abierto. La solicitud pide una investigación sobre los
funcionarios que realizaron declaraciones erróneas y engañosas sobre la política del
gobierno en este sentido.
II. Por «incumplimiento grave de un código de conducta» en relación con el deber de
la Embajada de informar sobre la posible corrupción de un funcionario público
extranjero
A. En virtud de la ”Política y los procedimientos para denunciar acusaciones de
soborno en el extranjero por parte de ciudadanos o compañías canadienses
de 2010”, los funcionarios públicos deben denunciar presuntos sobornos a su
sede en Ottawa, si tienen conocimiento de hechos de ese tipo por parte de
ciudadanos o empresas canadienses.
● Blackfire se quejó ante el Congreso Estatal de Chiapas en junio de 2009 sobre
los pagos, revelando que la compañía también había proporcionado pasajes
de avión al alcalde y su familia, pero que la última demanda de un encuentro
erótico con una actriz no era razonable y constituía una extorsión. Esto salió
en la prensa de Chiapas en junio de 2009.
● La embajada no informó acerca de los pagos sospechosos hasta después de
que hubiera aparecido en la prensa en Canadá.
● Dada la estrecha relación de trabajo entre la Embajada y Blackfire, el
seguimiento del conflicto local a través de los medios de comunicación y las
reuniones con los funcionarios del estado de Chiapas, la solicitud plantea si la
Embajada tenía conocimiento de los pagos que Blackfire estaba realizando a
la cuenta bancaria personal del presidente municipal de Chicomuselo, antes
de que fuera publicado por la prensa canadiense en diciembre de 2009.
● Además de tener en cuenta los elevados niveles de corrupción en México, la
solicitud pide al Comisionado que investigue si la Embajada tuvo información
sobre los pagos de Blackfire antes de que se informara al respecto en Canadá,
así como si la Embajada informó al RCMP desde que tuvo conocimiento de los
hechos.
El procedimiento ante el Comisionado de Integridad del Servicio Público
(PSIC)
Si bien el Acta de Protección de Divulgación de los Servidores Públicos está destinada
principalmente a proteger a los informantes del servicio público, la Sección 33 (1)
permite llevar a cabo investigaciones «como resultado de cualquier información
proporcionada al Comisionado por una persona que no ostente la condición de
funcionario, si el Comisionado tiene motivos para creer que … se ha cometido un delito
… «, siempre que el PSIC crea que es de interés público. Si el Comisionado investiga
y descubre que hubo una violación de una ley o código de conducta, puede reconvenir
a los involucrados y hacer recomendaciones para el cambio.
¿Por qué una investigación del PSIC es importante y de interés público?
La criminalización y posterior asesinato de un activista que pidió ayuda a la Embajada
de Canadá es un asunto serio si se prueba la Embajada de Canadá actuó de una
manera que pudiera haber agravado los peligros para el individuo, o no actuó en la
medida de sus posibilidades para disminuir esos riesgos. Además, el asesinato del
Sr. Abarca aún no se ha resuelto. El papel desempeñado por la Embajada de Canadá
hasta el momento exaspera a su familia y simpatizantes que viven o trabajan en
comunidades afectadas por la minería con intereses canadienses en México.
Además, la resolución de este asunto es de interés público, ya que afecta la confianza
pública en la integridad de los funcionarios públicos. Primero, el público creería
intuitivamente que los funcionarios públicos estarían obligados a seguir las políticas y
directivas que se publican en los sitios web del gobierno, o que son anunciados por
los propios funcionarios. En segundo lugar, a mayor escala, el incumplimiento de las
políticas citadas tendría un impacto perjudicial en el objetivo declarado de Global
Affairs Canada para promover la democracia, los derechos humanos, el estado de
derecho y la gestión ambiental; cumplir con las obligaciones internacionales de
derechos humanos de Canadá; y cumplir con las obligaciones de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para controlar la corrupción. Una
investigación realizada por el Comisionado de Integridad del Sector Público brindaría
una mayor claridad sobre el compromiso de Canadá con los valores que se respaldan.
La Resolución podría poner punto final a la batalla para obtener justicia por el
asesinato del Sr. Abarca que llevan a cabo la familia y sus partidarios.
Proceso de Revisión Judicial
Se desconoce el tiempo que tardaría el tribunal federal en decidir sobre este caso tras
la audiencia. Si la decisión es favorable, se le ordenará al PSIC que abra una
investigación. En caso contrario, la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal
Federal de Apelaciones.