Para garantizar los derechos de las y los zacatecanos y evitar que las autoridades actúen arbitrariamente, la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortó al Poder Ejecutivo para que dote a los agentes de tránsito de las herramientas necesarias para desempeñar su labor y, concretamente, les otorgue cinemómetros o pistolas-radar.

Los legisladores Jesús Padilla Estrada, Héctor Adrián Menchaca Medrano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales propusieron este punto de acuerdo que fue aprobado como urgente este martes.

Jesús Padilla Estrada destacó que “cuando se detiene a alguien so pretexto de que iba ‘muy rápido’ o de que ‘excedió los límites permitidos de velocidad’, ello no sólo tiene que tener sustento legal, sino también un soporte técnico que dé validez a esta detención y, consecuentemente, a la sanción que sería una multa, por ejemplo”.

Actualmente, esto no ocurre en Zacatecas porque los policías de seguridad vial no tienen el equipo requerido, lo que provoca que las multas en muchas ocasiones sean improcedentes.

Por ello, los integrantes de la Comisión Permanente llamaron a las autoridades estatales a otorgar a los agentes estos cinemómetros para dar certeza jurídica a su actuar y, a la par, respetar los derechos de la ciudadanía.

Exhortan a hospitales privados a cumplir los protocolos de atención a pacientes Covid-19

Durante la pandemia, los hospitales privados que atienden a pacientes con Covid-19 no han sido vigilados ni en la parte sanitaria ni en la económica y esto ha derivado en abusos en los cobros y en incumplimientos de las medidas de salud dictadas por las autoridades.

El diputado Raúl Ulloa Guzmán hizo esta aseveración al leer un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que fue finalmente aprobado como un trámite urgente y avalado por unanimidad en el Pleno.

“No podemos permitir que operen en la opacidad mientras enfrentamos una emergencia sanitaria”, agregó el legislador en la exposición de motivos de esta iniciativa por la que se exhortó a los hospitales privados a cumplir con los protocolos sanitarios fijados para la atención de pacientes con Covid-19 y a abstenerse de atender este padecimiento en los casos en los que no se cuente con la infraestructura y las condiciones adecuadas para ello.

Asimismo, las y  los diputados llamaron a los Servicios de Salud de Zacatecas a realizar inspecciones y labores de vigilancia para garantizar este cumplimiento en las clínicas y hospitales privados, además de que solicitaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que también intervenga con visitas de verificación para garantizar los derechos de los usuarios de estos servicios particulares.

Proponen ampliar facultades de la Secretaría de Turismo para mejorar la atención a visitantes

La diputada Lizbeth Márquez Álvarez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo con el objetivo de agregar a sus facultades la atención a los turistas en ámbitos como el de seguridad, protección civil y salud.

La legisladora sostiene en su exposición de motivos que se requiere que esta dependencia se involucre con las instituciones públicas y privadas de las áreas referidas “para prestar mayor y mejor asistencia a los visitantes del estado”.

Con estos cambios propuestos a los artículos 28 y 68 BIS, se busca proteger los derechos de los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la entidad.

“Es necesario definir las bases para su orientación y asistencia, así como la competencia de quien garantizará la protección de éstos, tanto en los servicios de transportación, seguridad pública, salud, procuración de justicia y los demás colaterales que sean necesarios ante emergencias, desastres naturales o ante cualquier contingencia”, concluye la iniciativa.

Buscan garantizar el derecho a la asesoría jurídica pública

El diputado Pedro Martínez Flores propuso una modificación en el artículo primero de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con el objetivo de garantizarle a las y los zacatecanos el derecho a la asesoría jurídica pública.

En la iniciativa se señala que esta asesoría jurídica debe vincularse con las estructuras del estado de bienestar con el propósito de consolidarse como el instrumento del derecho fundamental; sin embargo, el diputado señala que la legislación local carece de las disposiciones legales necesarias para defender estos derechos y el acceso a la procuración de justicia.

La reforma plantea que el artículo 1 de la ley establezca el objetivo de esta legislación, determinando que su finalidad es regular la prestación del servicio de defensoría pública en el estado y normar la integración, organización y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las demás materias de derecho”.

El diputado finaliza la exposición de motivos recordando que “la asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales. Instó a los gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el estado de derecho”.